América Latina está preparada para una revolución verde

Por Andrew Rosati y James Attwood

Cuando Gabriel Boric asuma el viernes a la edad de 36 años, se convertirá en el presidente más joven de la historia de Chile y el más izquierdista en medio siglo. También aspira a ser uno de los jefes de Estado más ecológicos del mundo.

Boric está a la vanguardia de una nueva conciencia en América Latina sobre el cambio climático y su relación con la desigualdad, ya sea a través del acceso a agua limpia, la destrucción de la selva tropical, los derechos indígenas o la distribución de los beneficios de la minería.

En Colombia, Gustavo Petro es el favorito para la presidencia gracias a un programa ambientalista. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, está trabajando en medidas para restringir la minería seis semanas después de asumir el cargo. Y en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva parece hablar en serio acerca de abordar el problema de los incendios en la Amazonía mientras intenta derrocar a Jair Bolsonaro este otoño.

“Porque el cambio climático, queridos compatriotas, no es una invención”, dijo Boric en su discurso de agradecimiento la noche de las elecciones en diciembre. “No podemos mirar para el lado cuando nuestros campesinos y agricultores, cuando localidades enteras, no tienen agua o cuando se destruyen ecosistemas únicos pudiendo evitarlo”.

Para Boric, entre otros, el objetivo es lograr una transición a un nuevo modelo de desarrollo que dependa menos de la exportación de recursos naturales. Eso es potencialmente difícil de vender en un momento en que la invasión rusa a Ucrania deja en evidencia cuán vital es la producción latinoamericana para el mundo, y cuando los gobiernos disfrutan de los ingresos de los precios récord de los productos básicos. Independientemente, si cobra fuerza, el movimiento promete implicaciones de gran alcance para una región rica en recursos que produce gran parte de los alimentos del mundo, así como los cimientos de la economía global.

“¿Es preocupante? Sí y no”, dijo Nolan Peterson, director ejecutivo de World Copper Ltd., empresa canadiense que tiene los proyectos de exploración Escalones y Cristal en Chile. Los cambios repentinos en la política gubernamental pueden complicar la vida de las empresas establecidas, sin embargo, Peterson lo ve como una nueva realidad con la que la industria debe lidiar. “No son solo los gobiernos los que se están resistiendo a esto, son los inversionistas los que realmente quieren requisitos más estrictos en los permisos”, señaló.

Políticamente, el surgimiento de una agenda consciente del medioambiente se está uniendo a un giro hacia la izquierda en toda la región que hacer recordar los primeros años del siglo XXI. Pero esta vez, en lugar de repetir la llamada marea rosa, América Latina parece estar en la cúspide de una ola verde.

Por ejemplo, Colombia, un importante exportador de petróleo, gas y carbón, donde Petro dice que los términos “izquierda” y “derecha” están obsoletos. Para él, la nueva línea divisoria está entre la “política de la vida” amigable con el medioambiente y el tipo de modelos económicos que perpetúan la extracción de combustibles fósiles respaldados por lo que él llama la “política de la muerte”.

Petro, senador de 61 años que tiene una ventaja dominante en las encuestas para las elecciones de mayo, señala que la lucha contra el cambio climático no tiene por qué poner en peligro los esfuerzos para combatir la pobreza. Si es elegido, su visión implica “una gran coalición de fuerzas” con otros líderes para “poder pasar en América Latina a economías descarbonizadas, productivas y basadas en el conocimiento”, dijo en una entrevista en enero.

Muchos siguen siendo escépticos de que pueda funcionar. Sin duda, la preocupación por el medioambiente “se está volviendo cada vez es más común”, dice Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, en Bogotá. No obstante, para Petro “va a ser muy difícil hacer realidad su visión desde un punto de vista político, legal y económico-práctico”.

Colombia obtiene dos tercios de su energía de la hidroelectricidad, pero el petróleo y el gas representan casi un tercio de todas sus exportaciones. Como presidente, Petro tendría una importante influencia sobre la petrolera estatal Ecopetrol SA, que controla la exploración en la nación andina. Pero una cancelación de contratos de perforación futuros sin duda enfrentaría una demanda judicial, y precios más altos del combustible tendrían un enorme efecto negativo en los pobres, un pilar de la base electoral de Petro, indicó Guzmán.

Hace una generación, un bloque de gobiernos de ideas afines liderados por el difunto líder socialista venezolano Hugo Chávez prometió utilizar sus recursos naturales para poner fin a la desigualdad. Sin embargo, los ingresos se administraron mal, la corrupción proliferó y la pobreza se disparó tan pronto como acabó un superciclo de productos básicos. El medioambiente no recibió mucha atención.

Sin embargo, ahora América Latina se ve afectada por sequías e incendios como nunca antes, y crece la presión dentro y fuera de la región para establecer ambiciosos objetivos climáticos como requisito para abordar la pobreza. El resultado es una nueva ola de acción climática.

“Las fuerzas de izquierda en el continente, los políticos más progresistas, están dando un paso importante en comparación con lo que vimos en el pasado al incorporar la agenda ambiental debido al cambio climático”, dijo Marcio Santilli, fundador del Instituto Socioambiental, en São Paulo.

En Honduras, el nuevo Gobierno anunció planes para cancelar “la aprobación de permisos de exploración extractiva por ser lesivos para el Estado”. En Perú, el presidente Pedro Castillo fue elegido el año pasado gracias a un programa que incluía el apoyo a las comunidades locales en sus luchas contra las empresas mineras.

Incluso donde los gobiernos no están haciendo esfuerzos climáticos importantes, hay evidencia de que la presión pública está forzando a hacerlos. En Argentina, el Gobierno tuvo que defender la exploración petrolera luego de que miles de personas protestaran contra su decisión de otorgar concesiones en las aguas profundas del Atlántico sur.

En Ecuador, en tanto, la Corte Constitucional dictaminó a fines de enero que se podía llevar a cabo un referéndum local solicitado por ambientalistas sobre la minería dentro de los límites metropolitanos de Quito. El presidente Guillermo Lasso, elegido el año pasado como el primer líder de centro-derecha de Ecuador en casi dos décadas, ha demostrado ser un entusiasta partidario de la acción climática. Asistió a la cumbre COP26 de la ONU y en enero amplió un área de protección marina alrededor de las islas Galápagos.

Pero todavía hay quienes se resisten. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ve la independencia energética como un tema de orgullo nacional, busca aumentar significativamente la producción de petróleo y está construyendo una refinería de US$12.500 millones. En Argentina, los subsidios energéticos que incentivan el consumo le costaron al Gobierno US$11.000 millones el año pasado. En Perú, Castillo de ninguna manera es antiminería, la base de la economía.

El barómetro más importante será Brasil, la mayor economía de la región y una superpotencia agrícola, que se dirige a las elecciones presidenciales de octubre. Bolsonaro, el actual mandatario, se ha ganado el desdén del presidente estadounidense, Joe Biden, y las amenazas de importantes instituciones financieras de vender activos a menos que cambie el rumbo de la acción climática.

En términos acumulativos, Brasil es la cuarta mayor fuente de gases de efecto invernadero en todo el mundo y el principal productor de dióxido de carbono como resultado de los incendios y el cambio en el uso de territorios que solían ser tierras de cultivo y ahora son terrenos de pastoreo. Sin embargo, Bolsonaro, un partidario sin reparos de la agroindustria, ha desmantelado agencias de protección, no ha hecho cumplir multas y ha supervisado la mayor destrucción de la Amazonía en más de una década.

Mientras Lula, su principal rival, busca ganar un tercer período presidencial en una nación sumida en la recesión y una inflación de dos dígitos, la economía es claramente la principal preocupación de los votantes. Además, sus antecedentes ambientales son mixtos: las tasas de deforestación se redujeron a la mitad bajo el mandato de Lula y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Pero también abrió miles de millas de lecho marino a la perforación petrolera, y un emblemático proyecto de una megarepresa arrasó con grandes zonas de selva tropical, alterando a las comunidades indígenas. Ya está hablando de ofrecer a los votantes subsidios al combustible.

Pero Lula, de 76 años, está enviando señales de su intención de defender la Amazonía de ganaderos y agricultores en un receso de las políticas de Bolsonaro. “Lo que tenemos que hacer es convencer a la sociedad de que un bosque vivo podría ser más rentable para el desarrollo de Brasil que la tala de bosques”, dijo en octubre. El mes pasado, nombró para dirigir su campaña electoral a un senador que proviene del mismo partido que Silva.

Brasil tendrá que demostrar un compromiso con la reducción de emisiones si quiere volver al escenario mundial y desbloquear la financiación internacional, según Ilona Szabó, presidenta del Instituto Igarapé, un grupo de expertos en Río de Janeiro.

“No se permitirán más incoherencias”, señaló.

En Chile, Boric promete una de las mayores restructuraciones desde la década de 1970. Planea endurecer los objetivos climáticos, ayudar a la industria a alejarse de los combustibles fósiles y revisar el modelo de gestión de aguas de la nación después de años de sequía. Todo eso mientras enfrenta un Congreso dividido y una resaca económica tras la pandemia.

Otro desafío radica en un proceso independiente para redactar una nueva constitución que podría conducir a reformas aún más radicales que las que propone Boric, amenazando ingresos fiscales necesarios para financiar el gasto social.

“No diría que no estamos preocupados por el nuevo Gobierno de Chile”, dijo Kent Masters, director ejecutivo de Albemarle Corp., el mayor productor de litio del mundo, citando su estrategia ambiental. “Definitivamente hay riesgo, pero creemos que el nuevo Gobierno será responsable en cuanto a la industria y la economía”.

Si Boric y su ministra de Medio Ambiente, la climatóloga Maisa Rojas, pueden lograr ese equilibrio, otros líderes los seguirán, dijo Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas, en São Paulo.

“Si hace un buen trabajo, inspirará a otros”, dijo Stuenkel. “Él se convertirá en el pionero”.